domingo, 29 de marzo de 2015

Antiguos prodigios de la Huasteca - Por Raúl Sinencio Chávez






Grandes o menudas, las magnificencias deambulan por la Huasteca antigua. Unas y otras arrancan palabras de admiración, multiplicándose al paso del tiempo. Son testimonios que aportan matices a nuestra ya de por sí deslumbrante identidad nacional. Compartamos breve muestra.

Horizonte

“Yo, Xochiquetzal, diosa de las flores y del amor,/ del país de la lluvia y de la niebla vengo yo/ […] de Tomoanchan”. Algunos creen que la Huasteca inspira al poeta cuando esto canta. Si acertaran, habríamos encontrado bastante remoto bosquejo de la zona, puesto que dichos versos preceden con mucho a la conquista española.

Los hombres lucían objetos “de oro, cubiertas las cabezas de colores de plumas […] de papagayo […] y en la trasera de la cinta traían unos espejos redondos y sus rodelas colgadas del brazo, […] con otras muchas cosas”, complementa Tezozómoc.

Fray Bernardino de Sahagún recopila al inicio del horizonte novohispano: “Tienen muchas joyas, esmeraldas y turquesas finas y todo género de piedras preciosas; las mujeres se engalanan mucho y pónense bien sus trajes; andan bien vestidas, traen sus trenzas en las cabezas, con que se tocan, de colores diferentes y retorcidas con plumas” de aves exóticas.

Flechas

“Andan [los naturales de la región] –añade el franciscano-- bien vestidos y sus ropas y sus mantas muy pulidas y curiosas, porque en su tierra hacen las mantas que [en idioma náhuatl] llaman ‘centzontilmatli’, ‘centzonquachtli’, que quiere decir manta de mil colores; de allí se traen las mantas […] pintadas de remolinos de agua, ingeridas unas con otras, en las cuales y en otras mucho se esmeraban las tejedoras”.

John Chilton retrata con su prosa a los pobladores originarios en años tempranos del virreinato. “Son ellos altos de cuerpo […] con el cabello largo […] andaban […] con arco y flecha”, de modo que “eran grandes flecheros”, indica el trotamundos y comerciante inglés. Casi a la sazón, el visitador Gómez Nieto recoge los ancestrales nombres “de tres mujeres [lugareñas] y que se llamaba una Ceal y la otra Alive y la otra Toan”.

A inicios de la decimoséptima centuria, fray Antonio Vázquez de Espinosa anota: “El temple [del rumbo] es muy cálido y húmedo […] Hay por esta tierra innumerables venados que cazan los indios con flechas […] Toda la tierra [cerca del río Pánuco] es muy llana y amena, que parece un pedazo de paraíso”. Vázquez Espinosa sin duda escribe cautivado por lo que observa.

 Noche

Al transcurrir el siglo XX los antiguos prodigios de aquella cultura aún maravillan. “Parecen haber sido maestros en el arte de la concha” y el caracol marino –puntualiza don Manuel Toussaint--, legándonos “piezas esculpidas que se han supuesto eran pectorales […] Arte de paciencia, que […] revela un gran sentido de la decoración y del simbolismo religioso”. Presentan intrincadas figuras y “recibieron un mayor realce al realizarse el vaciado de ciertas porciones del pectoral”, agregan Nicola Kuehne Hayder y Joaquín A. Muñoz Mendoza.

Toussaint describe también la escultura llamada el “Adolescente huasteco”: “Figura […] esbelta con las manos en disposición de llevar algo […]. En su cuerpo desnudo se realzan finos grabados”, al parecer “tatuajes […] Lo más notable es la cabeza del personaje: fuerte, enérgica, con profunda emoción de raza hasta en su cráneo deforme, pero con un gran sentimiento de la plástica […] Estamos ante una obra maestra”.

Dejemos que “La dama huasteca”, del premio Nobel Octavio Paz, cierre estas sencillas líneas: “Ronda por las orillas, desnuda, saludable, recién salida del baño, recién nacida de la noche. En su pecho arden joyas arrancadas al verano”.

Publicado en La Razón, Tampico, Tamps.

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miércoles, 18 de marzo de 2015

A la Nación - Lázaro Cárdenas


Discurso íntegro del 18 de marzo de 1938



A la Nación:

“La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada.

Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquier índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan; si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación.

Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.  

Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la substracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicarían también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas.

Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se vería asediado por los intereses sociales de la nación que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.

Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia.

Es el interés social de la clase laborante en todas la industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo.

Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país.

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio. 

La historia del conflicto del trabajo que culminará con este acto de emancipación económica, es la siguiente:

El año de 1934 en relación con la huelga planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la compañía de petróleo El Águila, S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de arbitro a fin de procurar un advenimiento conciliatorio entre las partes.

En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre del mismo año, una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.

A finales de 1935 y principios de 1936 el C. Jefe del Departamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y casos de contratación, tomando como base el principio constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.

Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio Departamento, a una conferencia, a los representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ellas se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de trabajadores y patrones.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.

En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del Departamento del Trabajo, para que, con la aquiescencia de las partes, procuraran la celebración de una convención obrero patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato colectivo y mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936.

En tal convención, las empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.

Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores la falta de comprensión de las necesidades sociales y la intransigencia de las compañías por lo que la huelga estalló, en mayo de 1937.

Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.

En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por el Presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparación adecuada.

La comisión rindió su dictamen encontrando que las empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de $26 332 756,00 contra la oferta que hicieron las 17 compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937.

Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empresas argumentaron que la cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de $41 000 000,00.

Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.

Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su disposición de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las prestaciones señaladas no rebasarían de manera alguna los $26 332 756,00 no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo el resultado que se perseguía.

En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios y que abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías demandadas.

Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos, y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.

Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que se han desarrollado sus actividades.

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.

Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México.

Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de la empresas.

¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.

Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.

Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política nacional.

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueran sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los años 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido.
 

Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas.

Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores.

Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.

Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.

Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.

Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.

El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello, pido al pueblo, confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio Gobierno tuviere que dictar.

Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nación ha entrado durante este período de Gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la Patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México.

Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.

Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto.”

Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Palacio Nacional ,18 de marzo de 1938, México.


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domingo, 15 de marzo de 2015

Sonora: La nueva guerra contra los yaquis





Una sentencia fallida, informe de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui,[3] integrada por más de veinticinco organizaciones y redes de defensa de los derechos humanos, llega hoy a esta Universidad Iberoamericana para hablarnos de una guerra interminable: la guerra del Yaqui, una historia de siglos de despojo y exterminio sólo interrumpida en el período del general Lázaro Cárdenas, cuando por decreto presidencial se tituló el territorio de la Tribu Yaqui y se le reconoció su derecho al 50 por ciento del agua de la Presa La Angostura. Todo esto hoy está borrado.

Allá por 1977, en un coloquio en Cambridge, Gran Bretaña, Héctor Aguilar Camín definió con precisión este proceso plurisecular:[4]

"Es probable que la historia yaqui de 1876 hasta 1930 deba escribirse como si la Revolución Mexicana no hubiera existido. Porfiriana o revolucionaria, la represión contra el yaqui en Sonora obedece al mismo impulso histórico y a un contexto social parecido; su saldo, por tanto, es el mismo anecdotario terrible. Se trata de un proceso unitario en el que la Civilización arranca a la tribu las tierras más fértiles de Sonora y vence su resistencia mediante una guerra despiadada que se propone en sus momentos culminantes la erradicación y el exterminio".
 
Más de una vez esta historia ha sido referida, la más reciente, a cuanto conozco, por Paco Ignacio Taibo II en su reciente libro Yaquis - Historia de una guerra popular y de un genocidio en México.[5] En su presentación dijo el autor: "A lo largo de los años explorando el pasado de México he encontrado historias canallescas y miserables, pero de todas, ésta es la peor y al mismo tiempo la más grandiosa”.

Hoy a esa Tribu Yaqui el gobierno y los ricos de Sonora, con la aquiescencia silenciosa de las autoridades federales, le están robando las aguas de su río y con ellas su derecho a la vida.

Desde el año 2010 el gobierno de Sonora autorizó la construcción del Acueducto Independencia para trasvasar, desde la Presa El Novillo, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. La Tribu Yaqui no fue consultada. La Tribu llevó el litigio en defensa de sus derechos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo de 2013 la Primera Sala de dicho tribunal confirmó el amparo al petitorio de suspensión de las obras y ordenó la consulta previa a la Tribu Yaqui antes de proseguir con las obras ya emprendidas. Esta resolución no fue acatada por el gobierno de Sonora.

Desde hace más de un año, sin que se haya realizado la consulta, el Acueducto Independencia está en operación, "produciendo un daño irreparable por la extracción continua de volúmenes de agua del río Yaqui”, dice el informe de la Misión Civil, y continúa despojando a los yaquis de su agua y de su derecho a la existencia. De esta política de erradicación y exterminio nos dirá hoy aquí la Misión Civil de Observación.

Parte de esa política es la represión actual. "Entre los hechos más relevantes”, dice el informe de la Misión, "se encuentra el encarcelamiento de representantes de la Tribu Yaqui que participaban activamente y de forma pública en el proceso de interlocución con las autoridades federales”. Encarcelar a los propios interlocutores, en buen castellano se llama "felonía”, nada extraña en quien se propone culminar "la erradicación y el exterminio”.

Mario Luna Romero es defensor de la Tribu Yaqui, Secretario de la Autoridad Tradicional del pueblo de Vícam y uno de los voceros de la Tribu en el conflicto del Acueducto Independencia. El 11 de septiembre pasado a las 9:30 horas fue apresado en Ciudad Obregón por personas vestidas de civil y trasladado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora en esa ciudad. Allí fue acusado de los supuestos delitos de "privación ilegal de la libertad” y "robo de vehículo”. Trasladado al Cereso 2, sólo hasta las 18:45 se permitió el ingreso de sus abogados defensores. El 17 de septiembre de 2014 se le dictó auto de formal prisión. Hasta hoy continúa preso en el Cereso 2 de Hermosillo.

El 7 de octubre de 2014 la defensa presentó un amparo demandando su libertad. Todavía no se ha resuelto. ¿En qué condiciones está ahora el defensor de la Tribu Yaqui Mario Luna Romero, reconocido como interlocutor por las mismas autoridades que hoy lo mantienen encarcelado? Dice al respecto el informe de la Misión Civil:

"Mario Luna Romero está recluido en una celda de puro cemento de 3 por 4 metros, con condiciones extremas de calor y frío, ubicada en el piso superior de una carpintería. Está expuesto todo el día a ruidos industriales producidos por el compresor de aire y por las sierras de madera. Se encuentra en un área de ocho celdas individuales donde están recluidas 13 personas más, en condición de precario hacinamiento, insalubre, con fuerte contaminación de cucarachas, moscos, grillos y mosquitos; no se le proporciona jabón ni papel sanitario. Tiene limitada el agua entubada, que de por si no es potable, a tres raciones al día durante media hora, que sirve para higiene personal y drenaje sanitario. Para beber utiliza esa misma agua, la que tiene que hervir, por ello desde los primeros días de su reclusión sufre de continuas infecciones estomacales. A esto hay que agregar el estrés causado por el continuo ruido de la carpintería".

La Comisión Civil registra otros datos sobre las condiciones precarias y humillantes en que las autoridades del gobierno de Sonora mantienen a los presos del Cereso 2 y agrega: "Cabe señalar que en los últimos dos años han ocurrido diez suicidios de presos en el Cereso 2 de Hermosillo”.

Fernando Jiménez Gutiérrez, defensor de Derechos Humanos y vocero de la Tribu Yaqui, también representa a su comunidad en el conflicto por el Acueducto Independencia. Fue apresado el 23 de septiembre de 2014 y se lo acusa de los mismos supuestos delitos que a Mario Luna.

Una vez en el Cereso 1 de Hermosillo, dice el informe de la Misión Civil, "fue encadenado por 6 horas al barandal de una escalera, en lo que se le asignaba una celda, y se asignó un uniforme de color naranja que ningún otro preso porta”. El 6 de noviembre recibió la visita de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Hasta entonces lo habían mantenido con ese uniforme, "encerrado en la celda 23, de 3 por 4 metros, que compartía con otros seis reos. Sólo se le permitía la salida durante las visitas, encadenado de pies y manos. Se le prohibió el acceso a las canchas y patios”. [...] Incluso un comandante de la vigilancia se sintió obligado a disculparse: "Yo no tengo nada contra ti, pero órdenes son órdenes”.

Tal vez el gobernador del Estado de Sonora, el licenciado Guillermo Padrés Elías, egresado de la Universidad Humanitas de la Ciudad de México y miembro del PAN, pueda averiguar e informarnos quién dicta tales órdenes inhumanas.

Estas condiciones de encierro carcelario de los representantes yaquis tienen doble intención: por un lado, doblegar su voluntad de resistencia e intimidar y castigar a sus compañeros, familiares, amigos y defensores; por otro, humillar a la Tribu Yaqui, perenne objetivo de la guerra contra los pueblos indios de México y contra toda resistencia organizada al despojo y a la humillación.

A esto se agregan los medios de información que llevan una campaña racista contra los yaquis, mientras el gobierno los llama criminales y los ha desconocido como pueblo indígena. Lo confirma el informe de la Misión Civil: “El discurso del gobierno pretende estigmatizar a los yaquis como los opositores del Acueducto que no quieren otorgar agua a los ciudadanos de Hermosillo, con lo que busca generar rechazo y desprecio de la opinión pública hacia los yaquis”.

Esta guerra contra los pueblos indios ha adquirido nueva intensidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bajo formas diversas cubre hoy todo el territorio nacional. Cinco pueblos yaquis -Vícam, Cócorit, Belem, Bácum y Pótam- han venido denunciando “los daños graves e irreparables que afectan el territorio, el agua, la salud, la alimentación y los derechos sobre el caudal del río Yaqui”, que también afectan a los pueblos de Rahum, Huirivis y Tórim. En conjunto, los ocho pueblos yaquis mantienen una población aproximada de 45,000 habitantes. ¿Se propone la presente campaña “la erradicación y el exterminio” para quedarse por fin con lo que resta de sus tierras y sus aguas?

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lejos de ser un episodio accidental y aislado, forma parte de esta larga guerra contra los pueblos indios de México. Nos importa comprender esta relación para ver la magnitud de la ofensiva de estos tiempos y la importancia crucial de la actividad de los organismos de defensa de los derechos humanos frente a la indiferencia o la complicidad de las organizaciones partidarias que sólo viven y se afanan en el mundo de la política institucionalizada. Pero este es otro tema que no nos toca hoy abordar ni dilucidar. 

[3] Una sentencia fallida - El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la consulta a la Tribu Yaqui, Misión Civil de Información de la Consulta a la Tribu Yaqui, México, 2015, 34 pp.


[4] Héctor Aguilar Camín, Saldos de la revolución, Nueva Imagen, México, 1982, 275 pp., cap. I, “Los jefes sonorenses de la Revolución Mexicana”, pp. 15-56.
 

[5] Paco Ignacio Taibo II, Yaquis, Planeta, México, 2013, 280 pp.

 Por Adolfo Gilly, profesor emérito de la Universidad Autónoma de México

Universidad Iberoamericana, Santa Fe, México DF. - 24 febrero 2015
* Leído en la presentación del informe de la Misión Civil de Información de la Consulta al Pueblo Yaqui en la Universidad Iberoamericana, Santa Fe, DF, 24 febrero 2015. 
Con información de : Revista Sin permiso 

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sábado, 14 de marzo de 2015

Rafael Aberti en Tamaulipas-Por Raúl Sinencio Chávez




Longevo e inspirado, el poeta andaluz Rafael Alberti vive de 1902 a 1999. Cruza el siglo como en uno de sus poemas: “Nadie, nadie, nadie, que en frente no hay nadie;/ que es nadie la muerte si va en tu montura./ Galopa, caballo cuatralbo,/ jinete del pueblo,/ que la tierra es tuya”. Este brioso galope termina llevándolo a suelo tamaulipeco.
 
Vuelta
 
Junto con la escritora María Teresa León, esposa de él, desembarca en Veracruz el 11 de mayo de 1935. Enseguida ambos parten a la capital del país y hablan ante “multitud de organizaciones obreras”. El mandato del presidente Lázaro Cárdenas recién inicia, lo que favorece los movimientos reivindicativos. El Anfiteatro Bolívar aloja el acto de arranque, “con tanto éxito […] que” el público “no cabía en la enorme sala”. Llenan al tope asimismo el Teatro Hidalgo, al que asiste “el poeta Carlos Pellicer, considerado […] el mejor de México” y “sus palabras causan […] gran sensación”.
 
El terruño hispano vive horas cruciales, luego de la huelga general del año previo, reprimida con notoria brutalidad. Alberti y María Teresa denuncian las injusticias, al tiempo que defienden “la insurrección de Asturias”. Meses adelante el Frente Popular gana los comicios y estalla allá la guerra civil, mientras que aquí Cárdenas nacionaliza en 1938 la industria petrolera.
 
Tras algunas semanas en la metrópoli capitalina, realizan dos giras tierra adentro. Primero salen rumbo a Morelia, invitados por la universidad, que costea la ida y el hospedaje. Consiguen nutrida audiencia. Debían reunir dinero que financiara el regreso, pero lo impide tremenda pobreza. En consecuencia, tienen “que pagar el viaje de vuelta”.
 
Zonas
 
La segunda gira les permite conocer Tamaulipas. Ocurre hacia fines de julio 1935, cuando por vía aérea llegan a Tampico. Lo hacen en mejores condiciones –reconoce el también pintor--, pues la propaganda y los boletos de avión son por cortesía de “un español simpatizante”.
 
En las instalaciones del aeropuerto se dan cita “delegaciones obreras, con música, banderas, estandartes y franjas de salutación”. Acude “desde el alcalde, que era un obrero, hasta el jefe de la policía; salió todo el mundo” a recibirlos. Omite el nombre del presidente municipal.
 
Hospedados en céntrico hotel, toman empero conocimiento “de la campaña que estaba haciendo contra” los visitantes “el cónsul de España”. “Las tres primeras conferencias dadas en un teatro contratado anticipadamente fueron un verdadero fracaso. La gente estaba recelosa y no acudía a pesar de la enorme propaganda”. “Buscando la manera de penetrar en los sindicatos tampiqueños”, ejecuta la pareja “un plan de trabajo dentro de las zonas mismas del petróleo”.
 
Espuma
 
Reuniéndose con “obreros de las compañías Huasteca, Pierce y El Águila”, obtienen alentadora respuesta. Los escoltan “miembros de distintos sindicatos”, escuchándolos también “electricistas, sastres, taqueros, etcétera”. Después “la comunidad campesina del pueblecito de Garrapatas” los “invitó a hablar”, “emocionando mucho a aquella pobrísima gente el heroísmo de los campesinos” españoles.
 
“En vista del buen ambiente”, el alcalde porteño “organizó un gran acto en un circo para que” los escuchara “el mayor número posible de trabajadores. Hizo un llamamiento a la ciudad y se congregaron” miles de personas. “Los sindicatos enviaron sus estandartes; el ayuntamiento, la Banda Municipal”, que ameniza el mitin.
 
Al despedirlos en la escalerilla del aeroplano, el jefe edilicio les “entregó 100 pesos”. De puño y letra escribe Alberti el relato de esta visita. Aquí citado, Daniela Spencer lo descubriría en los archivos de la Internacional Comunista. Gracias a ello, recuperamos los pasos del intrépido artista por la historia de Tamaulipas: “Galopa, jinete del pueblo,/ caballo cuatralbo,/ caballo de espuma”.
 
Por Raúl Sinencio Chávez
Publicado en La Razón, Tampico, Tamps.

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