miércoles, 22 de junio de 2016

Jerarcas homofóbicos,estridencias y convenencias-Por Raúl Sinencio Chávez







El presidente de la República formula en mayo de 2016 una iniciativa con que el orden jurídico federal entre otras cosas reconocería a parejas del mismo sexo el derecho humano de las uniones conyugales y de adoptar hijos. Aún sujeto a trámite legislativo, esto desata escandalosa campaña mediática en contra --que prosigue--, lanzándose ataques de sesgo religioso. Convenencieros al parecer, los principales orquestadores escamotean de plano elementos indispensables para que la sociedad asuma posturas informadas.  

SIN CORTAPISAS LÍCITAS

Se trata de algo estrictamente remitido al estado civil de las personas, bajo la exclusiva competencia de la autoridad pública. En nada interfiere por ende con la vida interna de las iglesias, que la nación laica salvaguarda y rige. Sin distinguirlo, tiende a creerse que si las reformas se malogran, también sería letra muerta lo ahí propuesto. Cálculo erróneo. Las jerarquías detractoras están al tanto, pero guardan silencio.

En nuestro país, personas de idéntico género pueden contraer nupcias ante el Registro Civil desde hace años. Legislaron al respecto la Ciudad de México y algunas entidades federativas. Asimismo, la metrópoli capitalina otorga a tales parejas calidad de adoptantes. En todo caso deben satisfacerse requisitos de ley, por supuesto. Las actas correspondientes poseen validez en cada estado y en medios extranjeros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido además jurisprudencias que declaran inconstitucional coartar este tipo de casamientos e impedirles adopciones. De carácter obligatorio, los criterios jurisprudenciales vuelven factible que a través del juicio de amparo caigan por tierra las cortapisas relativas, donde se mantengan en vigor. Ocurre ya así. O sea que actos de esta naturaleza vienen realizándose en diversos lugares del territorio nacional.
 

VENTAJA DE SOBRA

Merece resaltarse que ningún margen hay de someter la temática a consulta popular. El texto constitucional prohíbe que los derechos humanos sean objeto de referéndum. La medida previene abusos de las mayorías en perjuicio del interés legítimo de sectores minoritarios. A protegerlos queda comprometido México por tratados internacionales, como los resolutivos de las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 2008 o los Principios de Yogyakarta, en materia de orientación sexual e identidad de género.

Incorporar a la carta magna y al código civil de la República el llamado matrimonio igualitario, extendiéndole beneficios conexos –según plantea el poder ejecutivo--, representaría notable avance. No obstante, dichas libertades obtuvieron antes vigencia. Y la mantendrán incluso sin el aludido proyecto de enmiendas.

Resulta dudoso que lo ignoren los jerarcas homofóbicos. Al contrario, despiertan fundadas sospechas de propósitos turbios, prestos a impulsarlos en negociaciones cupulares, aprovechándose de seguidores y aliados desprevenidos, en lo que poseen varios siglos de ventaja. Tengámoslo presente: la intolerancia que afecta hoy a ciertos grupos conlleva el riesgo de redirigirse luego contra distintas minorías, incluido el ámbito de las religiones. Mejores perspectivas ofrece convivir en sana diversidad.

Por Raúl Sinencio Chávez

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